Los políticos y funcionarios públicos de alto ramaje deberían estar obligados -por Ley- a enviar a sus hijos a las escuelas del Estado.
Esta Ley también debería obligarlos a utilizar los servicios médicos que brinda -y habitar “forever and ever” un espacio en cualquiera de los multifamiliares que construye-, este mismo Estado.
Ya para redondear el asunto, sus oficinas deberían ser escritorios públicos. Los calificaríamos según su destreza al frente de una máquina de escribir portátil y en el uso que le dan al papel carbón.
¿No quieren vivir del Estado?, ¿no son servidores públicos?
Sería recomendable que estas personas se aprovechen del Estado pero de manera “sustentable”.
La Ley también debería obligar a estas personas a utilizar el sistema de Transporte Público. Y deberían parecernos insensatas las excusas que comiencen diciendo que les resulta incómodo trasladarse con un séquito de guaruras y personal de seguridad; y que terminen diciendo que llegarían tarde a sus citas.
Y finalmente, deberían quitarles sus fondos de pensiones, planes de ahorro y aguinaldos… a final de cuentas están haciendo esto por una “vocación de servicio”, un llamado interno que nadie se los ha pedido. En todo caso, y si tenemos deseos de agradecer, habría que dirigir las gracias a la naturaleza de nuestro Ser.
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